La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar auxilio a los distritos del interior agrario de la provincia de Buenos Aires que se encuentran afectados por la inundaciones a raíz del desborde de la Cuenca del Río Salado.

"Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas", señaló la funcionaria en un conferencia de prensa en Casa Rosada, donde agregó que se harán tareas de "limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas", entre otras, para "garantizar la circulación por los caminos".

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra detalló la serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica, que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Bullrich afirmó que "a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires", se ha decidido realizar "un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas".

La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde este sábado viajará el director de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar el trabajo con el intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias y detalló que cayeron "entre 1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año".

"El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente; por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia", insistió. Previamente, Adorni había señalado que "el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses".

Está últimas frases aludieron al enfrentamiento político con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. De hecho, Bullrich reconoció que la medida de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio corrió por cuenta de la Nación y no fue analizada previamente con la gestión provincial.

"Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido", planteó la funcionaria, quien además recordó que "la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado". "Hace dos semanas (el gobierno provincial) anunció obras para la Cuenca. Obras que hace 50 años que no se hacen", cerró.

ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para productores de 19 distritos bonaerenses gravemente afectados por las inundaciones registradas. La medida busca aliviar el impacto económico y productivo de las contingencias climáticas sobre el campo.

La iniciativa forma parte del programa de asistencia impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, que contempla exenciones impositivas, reprogramación de pagos y beneficios crediticios con el Banco Provincia. Los productores alcanzados son aquellos que sufrieron una afectación superior al 50% en su capacidad productiva.

Se estima que en los próximos dos años se valide a nivel clínico, con una aplicación hospitalaria en un plazo de entre cinco y diez años.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Además, sostuvo que “nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Distritos alcanzados y proceso de evaluación
Hasta el momento, los municipios incluidos en la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Girard destacó el trabajo conjunto entre las áreas provinciales y los municipios: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual (en campos específicos) o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.

Los productores afectados deben tramitar el certificado de emergencia o desastre agropecuario ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA, que acredite el ejercicio de la actividad.

Según la normativa vigente, las zonas en emergencia deben demostrar al menos un 50% de afectación productiva, mientras que los casos de desastre requieren un mínimo del 80%. Durante la vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para créditos con el Banco Provincia.

Con estas medidas, la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y la equidad fiscal, acompañando a quienes sostienen el trabajo rural incluso en medio de las adversidades climáticas.