A un año del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro en un cangrejal cercano a Bahía Blanca, la causa sigue impune. La investigación ni siquiera pudo determinar si el joven murió ahogado de manera accidental, o si fue asesinado y su cuerpo «plantado», como reclama la querella.

El viernes, Cristina Castro, reafirmó el reclamo de justicia ante una «desaparición forzada» de su hijo, y pidió el apartamiento de la jueza de la causa por obstaculizar la investigación y por «defender» a los policías involucrados.

«Lo mío no es una venganza contra nadie ni contra nada, es simplemente un pedido de explicación de por qué tanto odio y de por qué tanta maldad», aseguró la madre de Facundo, en referencia a los cuatro policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca mencionados en el expediente como sospechosos, pero que nunca fueron imputados ni indagados.

Así lo expuso durante una conferencia de prensa junto a sus abogados y representantes de Amnistía Internacional Argentina y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Cristina Castro apuntó a la Cámara de Casación Penal para que resuelva «cuanto antes» el apartamiento de la jueza federal María Gabriela Marrón, a quien culpó por la demora y el rechazo de las medidas de prueba solicitadas por los fiscales y la querella. A su vez, fue recibida por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic.

Acompañada siempre por la Comisión Provincial por la Memoria, la querella nunca apuntó contra el Gobierno y las disposiciones policiales por la cuarentena, aunque, como buena parte del progresismo K, lo hicieron en duros términos contra el ministro bonaerense Sergio Berni, quien nunca mostró predisposición para investigar ninguna de las atrocidades de la fuerza.

«La ayuda que tuvieron estos policías no la tuve yo, no la tuvo mi hijo y no la tuvo nadie. Su mejor abogado (la de los policías) es la doctora Marrón», afirmó Cristina, quien criticó que mientras estaba buscando a su hijo en plena pandemia «la clase política de Villarino se juntaba a comer asados con altos funcionarios de la Policía, en pleno proceso de encubrimiento».

«Sé que Facundo no va a volver, pero detrás mío hay un montón de jóvenes y de papás, no quiero que a nadie le pase esto. A mi vida la hicieron pedazos, han arruinado la vida a una familia y nos han perseguido de tal forma que ahora les tengo que decir gracias porque nos hicieron más fuertes y nos enseñaron a luchar», destacó.

Cristina explicó lo «complicado» que es «levantarse cada día para ir a trabajar sabiendo que afuera los que asesinaron a tu hijo siguen libres».

«Acá estamos con la fe intacta y siempre para adelante con nuestra bandera de justicia y primero la verdad ante todo. No vamos a bajar los brazos, dijimos que era hasta las últimas consecuencias y así será», resaltó.

La mujer criticó a los «medios amarillistas y políticos de turno» que defendieron la hipótesis de que se trató de un «accidente».

Cristina explicó lo «complicado» que es «levantarse cada día para ir a trabajar sabiendo que afuera los que asesinaron a tu hijo siguen libres»

«Me hubiera gustado que (el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni) hubiera cumplido con su palabra el año pasado y me hubiera traído a mi hijo con vida, pero no lo hizo, al contrario, nunca me vio la cara», señaló.

En tanto, el abogado Luciano Peretto indicó que «la hipótesis del accidente de Facundo tuvo una red de encubrimiento», pero la aparición del cuerpo corroboró que en realidad fue una «víctima de violencia institucional, de un hecho de desaparición forzada seguida de muerte», ya que «descartaron su cuerpo de la manera más cobarde y más atroz».

«En la causa se encuentra acreditado que el último contacto de Facundo fue con la policía, hubo contactos múltiples y cada vez más violentos», indicó Peretto, quien añadió: «El rumbo de la investigación ya quedó trazado cuando la causa pasó a ser una desaparición forzada y estamos cada vez más convencidos que pase lo que pase nada va a poder borrarse del expediente».

Por su parte, Margarita Jarque, querellante por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también se refirió a que aguardan el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación sobre la recusación de la jueza y avaló que el caso fue una «desaparición forzada».

«Está causa está plagada de intervenciones sin profundidad y no ajustadas, pero es una causa por desaparición forzada», afirmó.

Facundo fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia.

Tras ser interceptado por la policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, nada más se supo de él hasta el 15 de agosto, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

La autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió como consecuencia de una «asfixia por sumersión».

Los fiscales a cargo del expediente Horacio Azzolin, Héctor Andrés Heim e Iara Silvestre, solicitaron infinidad de medidas de prueba ante la sospecha de que los cuatro policías mencionados en la causa están vinculados a una desaparición forzada, aunque sistemáticamente fueron rechazadas por la jueza federal Marrón.